Por Jorge Lapeña

LA DEMANDA ENERGÉTICA

El sector energético se caracteriza por ser de demanda creciente; esto significa que siempre que haya crecimiento económico y/o desarrollo social habrá una demanda energética creciente.

La energía, por otra parte, es difícilmente acumulable; lo que impide trabajar haciendo stocks en la épocas de baja demanda para utilizarlos en las épocas de altas demandas. La energía además es difícilmente sustituible por otro producto energético en caso de faltantes.

En consecuencia, al no ser sustituible ni acumulable, debe ser producida en forma segura y económica en el momento en que la demanda se produce y no en otro. Al ser necesaria la seguridad y la confiabilidad, el sistema requiere equipamiento de reserva para hacer frente a las diversas contingencias que un sistema puede afrontar y que le pueden impedir el abastecimiento de la demanda.

El problema de la demanda creciente nos lleva a dos problemas de primera magnitud: el primero de ellos es la necesidad de expandir la oferta de energía con la debida anticipación en toda la cadena productiva. El incremento de la demanda se da en el consumo pero la oferta debe producirse aguas arriba: un mayor consumo de gas oil requiere más producción de petróleo, mas refinerías, más oleoductos y las inversiones en esas áreas requieren anticiparse a ese incremento de la demanda en varios años.

La otra cuestión indisolublemente ligada a la primera es la necesidad de prestar atención a la productividad energética.

LA PRODUCTIVIDAD ENERGÉTICA

La energía es un factor de producción, y como tal, le caben las generales de la ley respecto a la productividad de los factores. Se puede ser más o menos eficiente en el consumo de la energía.

La experiencia prueba que en nuestro país la elasticidad del crecimiento de la demanda energética con respecto al crecimiento del PBI es de aproximadamente 1 ; en cambio, en los países desarrollados que vienen aplicando políticas de uso racional de la energía desde hace muchos años este valor se ubica en torno a un valor de 0,5. Esto significa que aunque ambos países tengan demanda creciente con el crecimiento del PBI, el país de elasticidad más baja crecerá a un ritmo mucho menor que el país de elasticidad mayor.

La consecuencia es obvia: el país con mejor productividad energética requerirá un menor esfuerzo de inversión para abastecer la demanda; consumirá menos recursos naturales y generará menos gases de efecto invernadero que el país con menor productividad.

Al respecto nos dice Alieto Guadagni:

“Es ilustrativo comparar Europa con los Estados Unidos; cuando la crisis petrolera de 1974 Europa inicio una política de eficiencia energética, introduciendo impuestos a los combustibles fósiles y promoviendo el transporte público y modernizando su industria automotriz; los precios energéticos son en Europa alrededor del doble que en Estados Unidos. Es así como hoy un europeo emite 10 toneladas y un norteamericano 23.”

Constituye hoy un imperativo categórico el consumir energía de la forma más eficiente posible, toda vez que es necesario transformar entre todos mediante un gigantesco esfuerzo planetario el consumo energético actual en consumo sostenible.

El incremento de la productividad energética no es una cuestión ni sencilla, ni rápida. Se necesitan políticas bien concebidas y permanentes; los resultados son a largo plazo. Los resultados sólo aparecerán después de realizar inversiones en cambios y desarrollos de tecnologías en nuevos procesos de producción, transporte y consumo de energía; de realizar estudios de ingeniería industrial tendientes a identificar las causas de las pérdidas de energía; de capacitar y educar para el consumo eficiente, etc.

LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA

La ampliación de la oferta en un sistema normal debe ser llevada a cabo por los actores del mercado energético. Estos normalmente son de varios tipos: empresas públicas; empresas privadas y cooperativas; y también empresas reguladas por el estado y empresas no reguladas.

En el caso de las empresas reguladas las inversiones para abastecer la demanda son obligatorias para la empresa; a cambio de ello el regulador (el estado nacional, provincial o municipal) debe fijar las tarifas conforme a lo establecido en la ley y en los contratos de concesión. En el caso de las empresas no reguladas si bien no existe una obligación específica de invertir en determinado proyecto los mecanismos de mercado deben proveer los incentivos suficientes como para que el inversor “tenga interés” en realizar las inversiones. Ello sólo se produce si el inversor evaluando riesgos llega a la conclusión de que el retorno de la inversión por sobre los costos incurridos justifica los riesgos asumidos.

LA EXPERIENCIA DE NUESTRO PAÍS EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS

Nuestro país muestra en los últimos 40 años tres períodos bien diferenciados:

1) Un período estatal con alta preeminencia de las empresas energéticas nacionales 1960-1990;

2) Un período privado 1990-2002

3) Un período indefinido que se inicia en 2003 hasta la actualidad.

Las características de estos períodos son bien diferenciadas; los dos primeros períodos son de normalidad en cuanto a las modalidades y las formas de decidir y ejecutar las inversiones: 1) en el primero de ellos la decisión se impulsa a través de mecanismos de planificación (CONADE; Oficinas de Planeamiento de las empresas estatales; etc.) sumados a decisiones gubernamentales y presupuestarias; 2) en el período privado las decisiones de inversión fueron de las propias empresas tomadas o bien por mecanismos de mercado; o bien impuestas por las obligaciones asumidas en los contratos de concesión.

En cuanto al tercer período que se inicia en 2003 y que aún no ha finalizado el mismo se caracteriza por Argentina es hoy un país que presenta retraso y distorsión en el proceso de inversión: el sector privado está retraído; en este contexto el estado intenta invertir, y lo hace tarde, caro, mal y distrayendo fondos públicos de otros fines prioritarios en una política de subsidios insostenible.

La inversión energética muestra hoy algunas particularidades preocupantes:

1) Es muy grande por ejemplo el atraso de la inversión en exploración petrolera de alto riesgo, lo que nos condena a la caída productiva y al crecimiento de los costos internos;

2) Las inversiones en nuevas centrales eléctricas siguen siendo dependientes del gas natural; un combustible en estado de agotamiento y declinación productiva desde hace más de un lustro;

3) Se recurre como nunca antes en los últimos 50 años a los grupos generadores Diesel, pequeños y de rápida instalación, consumidores de derivados del petróleo importados y de alto costo.

4) No hay inversiones en centrales hidroeléctricas;

5) No hay inversiones suficientes en nuevas tecnologías de generación compatibles con un esfuerzo por diversificar la matriz energética.

6) Existen atrasos en la magnitud de la inversión necesaria para el abastecimiento de la demanda en múltiples eslabonas de la cadena energética.

Si bien el período que se inicia en 2003 y aún continúa, es claramente anormal, ya que existen problemas estructurales graves – técnicos; económicos; institucionales; legales y políticos- para la materialización de las inversiones, ello no nos debe hacer perder de vista que en el período inmediato anterior 1990-2002, en que funcionó el mecanismo de mercado y donde las instituciones funcionaron de acuerdo a lo previsto en la legislación la inversión no logró satisfacer en forma razonable la ampliación de la demanda en forma sostenible.

Muchas de las distorsiones de la inversión que observamos en el presente se manifestaban ya en la década pasada. Algunos ejemplos son claramente la caída en la inversión exploratoria en materia de hidrocarburos; la caída de las reservas de gas natural hecho muy significativo que el mercado no pudo anticipar. La inversión en centrales eléctricas continuó en ese período basada en el consumo de gas natural en centrales de ciclo combinado de bajo costo de inversión y corto período de construcción. Tampoco hubo en ese período ampliaciones del sistema de transmisión eléctrica en alta tensión (500 y 132 Kv.) en la cantidad necesaria.

En resumen, la inversión en la ampliación de la infraestructura tuvo partes en la que funcionó en forma satisfactoria y partes en las que no alcanzó los objetivos mínimos necesarios.

Esto nos lleva a postular la necesidad de reformar los marcos regulatorios eléctricos y del gas natural leyes 24065 y 24076) respectivamente; así como también plantearnos la necesidad de una nueva ley de hidrocarburos que reemplace a la ley 17319 y su complementaria la ley corta. Preservando naturalmente aquellos aspectos positivos de las citadas leyes donde la práctica demuestre que deban ser mantenidos.

Uno de los aspectos a re-evaluar es precisamente la conveniencia de revalorizar la experiencia de los fondos específicos del sector energético concebidos para apuntalar el proceso de inversión sectorial.