En nuestro último documento emitido el 27 de noviembre pp. (www.exsecretarios.com.ar) los Ex Secretarios de Energía hemos hecho en la Cámara de Diputados de la Nación una pormenorizada y actualizada descripción de nuestra crónica decadencia energética. El Documento contenía una denuncia impactante y altamente significativa en el momento actual, que sin embargo pasó desapercibida.

La misma se expresaba así: “Bajo el nuevo régimen legal de la “Ley Corta” (esto es desde 2006) se adjudicaron en todo el territorio nacional 170 áreas para la exploración petrolera –aproximadamente 500.000 km2-; sin embargo 78 de estas áreas fueron adjudicadas a nuevos actores sin experiencia petrolera que no cumplen con los compromisos contractuales”. El documento agrega: “quedó en evidencia que la mayoría de las provincias no cuenta con equipos técnicos para controlar y supervisar las complejas operaciones tecnológicas que están contenidas en las labores de exploración requeridas en una campaña exitosa”.

Dicho de una forma llana: una de cada dos áreas dadas en permiso para explorar en estos años fue adjudicada a un empresario sin experiencia petrolera; esos empresarios no cumplen con los compromisos contractuales de inversión; y por lo tanto no habrá que esperar ningún éxito exploratorio en las mismas. Los estados provinciales- con algunas pocas excepciones- son débiles e incapaces de fiscalizar los contratos que firman. Se verifica además que esos “empresarios inexpertos” son amigos del gobierno; y además que muchas de esas “ilógicas adjudicaciones” se hicieron en feudos kirchneristas. El fracaso está absolutamente garantizado; pero la posibilidad de ganancias para el empresario inexperto sigue abierta. La ineficiencia no asegura el éxito global, pero puede asegurar las ganancias de pocos.

No es un hecho menor si se tiene en cuenta que nuestro país se encuentra en una crisis energética estructural y profunda que ha llevado en pocos años a nuestro país de ser un país autosuficiente a convertirse en un país fuertemente dependiente del exterior con una factura por importaciones energéticas que este año superará los 10.000 millones de US$, y será superior a la de 2011 aún en el contexto de una economía recesiva que provocó una disminución en la demanda de gasoil de 6% respecto al año anterior. Argentina ha consumido –y dilapidado- su stock de reservas de hidrocarburos sin reponerlas con el descubrimiento de nuevos yacimientos.

Queda claro que la única forma de romper esa situación de sostenida e irreversible caída productiva que obliga a la fuerte dependencia externa sería precisamente ser exitoso en una política exploratoria que logre revertir la caída de la inversión en este rubro que se observa en los últimos 30 años.

Volvamos ahora a la denuncia en sí. El Poder Ejecutivo -como es habitual- descalificó como en otras oportunidades anteriores el documento y a sus autores, sin rebatir este sólido argumento.

En cuanto a los legisladores en cuya casa se hizo la presentación del Documento es llamativo que no hayan hecho un pedido de Informes al Poder Ejecutivo para que informe por vía de la Secretaría de Energía sobre esta gravísima anomalía. Esto nos lleva muy importante la pregunta sobre la realidad política argentina: ¿está nuestro sistema institucional y político ante una realidad en la que ya no se reacciona ante lo importante de ninguna forma?; ¿o es acaso que la Argentina está distraída ex profeso en otras discusiones estériles fomentadas por el propio gobierno?

Este tema merece ser tomado en consideración si se tiene en cuenta que una muy reciente y seria encuesta política realizada en diciembre de 2012 revela que la ciudadanía considera estos temas como fundamentales. Para un 81,4 % de los encuestados la “Crisis Energética” es importante o muy importante; en cuanto a la “Deficiencia de los servicio públicos” ese número es del 86, 2%; y cuanto al factor “Corrupción en el gobierno y en sector público” ese valor llega al 86, 9%. ¿Estaremos ante un divorcio entre lo que la gente y los políticos profesionales creen que es lo importante?